La paranoide crisis económica que parece afectarnos (concepto que se nos repite hasta la saciedad como justificación de las vergonzosas medidas que se suceden) ha propiciado el aumento atroz de las críticas contra el sector público desde múltiples frentes.
Las instituciones estatales, autonómicas y municipales siempre han sido especialmente sensibles a la fiscalización ciudadana.Esto no es negativo por sí mismo, de hecho es altamente positivo que la población exija rigor en la administración de los bienes comunes, y no se limite a acudir de forma cuasi tele-dirigida a ejercer el sufragio sin más que añadir en los siguientes cuatro años.
Ahora bien, este nivel de crítica se ha tornado furibundo hasta un punto absurdo y, lo que es peor, perverso.
Absurdo porque es PENOSO que aquello que es de todos sea criticado ya no sólo por la ciudadanía, sino por quienes constituyen los órganos públicos y voluntariamente se han presentado candidatos a formar parte de ellos. Los que deberían ser sus mayores garantes (los gobernantes) se dedican a menospreciarlos y desmantelarlos, lanzándose a abrazar el libre mercado y las externalizaciones de servicios. A día de hoy, con el bagaje que nos da a la ciudadanía llevar unos cuantos años de crisis a las espaldas, ya podemos afirmar rotundamente que la externalización de servicios es en la mayoría de los casos un estrepitoso fracaso (sirva como muestra el deterioro del servicio, las condiciones laborales de los empleados y la elevada conflictividad laboral en Madrid) un nido de corrupción en dichas concesiones, así como un encarecimiento que acaba repercutiendo en la ciudadanía vía impuestos adicionales. Por ello, son no pocos los municipios que están ya trabajando activamente en la remunicipalización de la recogida de basuras o la gestión del suministro de agua, por poner dos de los ejemplos más claros.
Pongamos un ejemplo para ilustrar aún más. ¿A alguien se la pasa por la cabeza que un candidato a presidir cualquier entidad privada (empresa, club deportivo...) se presentase ante los electores con la intención de debilitar el organismo tanto como pueda, vendiendo sus activos a terceros y reduciendo su presupuesto, su margen de actuación y su capacidad general?
Pues esto es lo que ocurre hoy en día en la política, ni más ni menos. Nos están desmantelando el Estado del Bienestar en nuestras narices sin el menor decoro y no sólo nos parece bien, sino que exigimos que se haga al mayor ritmo posible. Frases como: "Que los políticos se aprieten también el cinturón" circulan alegremente, como si el dinero de los presupuestos lo pusieran ellos de su bolsillo. El problema es que se confunde, con el beneplácito de la derecha que no sólo lo aplaude sino que lo alimenta, el gasto superfluo con el necesario. La reducción de gasto público conlleva en una simetría casi perfecta un aumento de la desigualdad y la pobreza, y los sufren principalmente las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Por supuesto hay medidas que, aunque no supongan un ahorro real, sirven para dar ejemplo y son una muestra de buena predisposición, como la racionalización de coches oficiales (tanto en número como en uso) o la supresión de otros privilegios como palcos, planes de pensiones privados o similar.
Pero no nos dejemos engañar. Cuando el Sr. Rajoy dice:"Por cada puesto de trabajo que se destruye en el sector público, se crea uno en el sector privado" miente. Y es tan sencillo de entender como que si todo el mundo ha de pagar de su bolsillo la atención médica o la educación de sus hijos/as, como no todo el mundo se lo podrá permitir, caerán el número de pacientes y el de alumnos, y por tanto se necesitarán menos maestros y médicos en el sector privado de los que existen en el sector público. Por tanto, no se crea empleo en el sector privado, y se deja a la ciudadanía sin el acceso a los servicios básicos.
La realidad es que el descenso del gasto público busca poder rebajar los impuestos a las rentas más altas. Pero eso les da igual a las personas pertenecientes a esa clase social, porque ellos sí pueden pagar un médico y un colegio de élite.
Si usted no puede costeárselo, piénselo dos veces antes de volver a criticar al sector público. Por su propio bien.
