Se ha destapado esta semana, por la denuncia del padre de uno de los afectados, un caso de abusos sexuales en el colegio Els Maristes del barrio de Les Corts, en Barcelona. Y el caso es que, tras leer la entrevista que le ha realizado El Periódico, siento por este hombre más pena que rabia; lo cual no quita que pueda también sentir lástima por las víctimas. Ambos sentimientos no son excluyentes, y por tanto no es incompatible que se pueda sentir lástima por agresor y víctima, en este caso concreto.
Y digo esto aún siendo consciente que es una reflexión que puede causar sorpresa (en el mejor de los casos). Pero hagamos un análisis serio y, como reza el título de esta entrada, huyamos de aquello políticamente correcto para entrar a fondo en la cuestión. Este ex-profesor de Educación Física no es un malnacido que haya obrado por pura maldad. En todo caso, es una persona enferma. Alguien que, por algún tipo de trastorno, siente una atracción sexual por los niños y no puede controlar sus impulsos.
Lo verdaderamente relevante es que mucho me temo que, tras unos días de escarnio público en el cual los medios de comunicación y la ciudadanía dedicaremos todo tipo de exabruptos a este ex-profesor, todo caerá en el olvido (incluidas las víctimas, lamentablemente) y habremos perdido una nueva oportunidad para llevar a cabo reformas necesarias que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a producirse. Porque, si bien es imposible garantizar que personas con esta patología no se acerquen a los niños, cuando alguien así está trabajando como docente durante 30 años y causa irreparables daños psicológicos a multitud de menores, es una obviedad señalar que nos encontramos frente a un problema estructural del sistema educativo, que no ataja estas situaciones al primer síntoma.
La realidad es pues que este debate no se afronta porque implica hacer autocrítica y asumir errores, algo que ni los centros de enseñanza ni la propia administración educativa tienen ningún interés en llevar a cabo. Para estos actores es mucho más cómodo aislar la cuestión a la actuación individual del docente, demonizarlo, lavarse las manos y continuar como si nada hubiese ocurrido.
¿Cómo es posible entonces que una persona con una patología sexual grave como la que nos ocupa haya podido trabajar en una escuela durante 30 años y abusar de decenas de alumnos?
Hay dos elementos que, a mi entender, deben considerarse como relevantes en esta situación. El primero de ellos, el hecho de que el centro donde se ha producido sea de titularidad privada. Y es que un colegio privado no deja de ser una empresa, y como todas ellas su principal motivación es la maximización del beneficio. Esto hace que vean a sus alumnos como clientes, y tiendan a ocultar los problemas (abuso sexual, acoso escolar...) porque si se destapa algún escándalo o disfunción, las pérdidas de alumnos serían también pérdidas económicas. En cambio, los centros de titularidad pública pueden afrontar los problemas que les puedan surgir con transparencia, centrándose exclusivamente en la búsqueda del beneficio del alumnado, y el factor económico no está presente para condicionar o incluso impedir la toma de decisiones que favorezcan una solución eficaz.
Por otro lado, está la responsabilidad del Departament d'Ensenyament. Cuando esta situación se ha producido durante un periodo de tiempo tan largo, resulta imposible creer que nadie supiese nada en el colegio. ¿Se plantea el Departament exigir responsabilidades a este centro sostenido con dinero público, y más concretamente a las personas que durante este tiempo han formado parte del equipo directivo, respecto de todo lo sucedido? Dichas responsabilidades pueden depurarse de dos formas: extendiendo la responsabilidad penal a todo aquel conocedor de la situación como encubridor de un delito, y por otro lado sancionando al centro con la pérdida del concierto educativo por negligencia muy grave.
Si adoptásemos estas medidas, estaríamos enviando un mensaje muy potente a todas las escuelas: encubrir u ocultar estos hechos acarrean consecuencias penales y económicas mucho más graves que afrontarlos, y estaríamos empujándolas a actuaciones más rápidas, eficaces y transparentes tan pronto tuviesen conocimiento de que se están produciendo hechos de este tipo en sus aulas.
Pero claro, es mucho más sencillo linchar al ex-profesor, permitir a la sociedad desahogarse de forma controlada durante unos días arengada por los medios de comunicación, y que una vez la cuestión caiga en el olvido con el paso de los días, todo siga igual sin que hayamos tomado medidas contra el centro que ha consentido los hechos, ni abramos el debate sobre la idoneidad de los conciertos educativos, y por supuesto sobre la responsabilidad de la inspección educativa y el Departament d'Ensenyament por su inacción.
Y lo más grave de todo, habremos perdido una oportunidad más para aumentar la protección de nuestro alumnado.
