Qué votaría Ada Colau

Escribía hace unos días Toni Soler un artículo en el Diari Ara mostrándose crítico con la indefinición de Ada Colau y las fuerzas de izquierdas en Cataluña (Catalunya sí que es pot, Barcelona en Comú, Podem, ICV-EUiA) respecto de qué votarían en un hipotético referéndum/consulta sobre la independencia.

Ciertamente, no sólo Toni Soler, sino el conjunto de partidos independentistas y sus medios, así como sus némesis "unionistas", presionan en uno u otro sentido para obligar a todo el mundo (personas físicas, organismos, instituciones...) a tomar posición clara, a decir abiertamente "Sí" o "No" a la independencia de Cataluña. Obviamente, es esta una presión interesada, ya que les permite situar el debate en el punto en el cual se sienten cómodos, donde un planteamiento de blanco/negro, o conmigo o contra mí, impide matices, niega discrepancias entre afines, y permite atacar sin ambages al adversario. Además, se pasa por encima del debate respecto del contenido y las propuestas que pudieran realizarse en uno u otro sentido, y se monopoliza a su vez eludiendo cuestiones que a ambos frentes resultan espinosas (paro, recortes, corrupción, desahucios, precarización laboral, y un largo etcétera).

Precisamente por estos motivos, debe rechazarse que desde estas posiciones se impongan los términos del debate y las posturas frontistas. La escala de grises es amplia, y a nadie debería exigírsele que se pronuncie respecto de algo que no se le ha explicado, ni se le ha informado en absoluto y que carece de contenido. Porque la realidad es que, a día de hoy, creer a aquellos que han gobernado destruyendo el Estado del Bienestar y robando los recursos públicos a mansalva para que les entreguemos a ciegas un cheque en blanco (continuando en España o en un nuevo Estado Catalán) confiando únicamente en su palabra respecto de que viviremos mejor si optamos por votar lo que ellos nos dicen, es una necedad. Porque la realidad a día de hoy es que el "No" ha implicado hasta ahora un no a todo, y que todo siga igual; el "Sí", por su parte, no ha propuesto nada relevante más allá de un brindis al sol, tal como brillantemente Jordi Évole le arranca a Artur Mas en este corte.

Por tanto, es necesario modificar los términos del debate. Tanto el "Sí" como el "No" deben ser propositivos, y los ciudadanos debemos rechazar que se nos trate como idiotas imponiéndonos tener que tomar una decisión a ciegas respecto de algo tan trascendente. Nos encontramos pues ante una forma de proceder más propia del despotismo ilustrado que de una democracia madura.

Y ante esta situación, a mi parecer, el hecho de no tener decidido qué se votaría en un referéndum es un signo de inteligencia.

Abusos sexuales en Els Maristes: Una reflexión más allá de lo políticamente correcto

Se ha destapado esta semana, por la denuncia del padre de uno de los afectados, un caso de abusos sexuales en el colegio Els Maristes del barrio de Les Corts, en Barcelona. Y el caso es que, tras leer la entrevista que le ha realizado El Periódico, siento por este hombre más pena que rabia; lo cual no quita que pueda también sentir lástima por las víctimas. Ambos sentimientos no son excluyentes, y por tanto no es incompatible que se pueda sentir lástima por agresor y víctima, en este caso concreto.

Y digo esto aún siendo consciente que es una reflexión que puede causar sorpresa (en el mejor de los casos). Pero hagamos un análisis serio y, como reza el título de esta entrada, huyamos de aquello políticamente correcto para entrar a fondo en la cuestión. Este ex-profesor de Educación Física no es un malnacido que haya obrado por pura maldad. En todo caso, es una persona enferma. Alguien que, por algún tipo de trastorno, siente una atracción sexual por los niños y no puede controlar sus impulsos. 

Lo verdaderamente relevante es que mucho me temo que, tras unos días de escarnio público en el cual los medios de comunicación y la ciudadanía dedicaremos todo tipo de exabruptos a este ex-profesor, todo caerá en el olvido (incluidas las víctimas, lamentablemente) y habremos perdido una nueva oportunidad para llevar a cabo reformas necesarias que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a producirse. Porque, si bien es imposible garantizar que personas con esta patología no se acerquen a los niños, cuando alguien así está trabajando como docente durante 30 años y causa irreparables daños psicológicos a multitud de menores, es una obviedad señalar que  nos encontramos frente a un problema estructural del sistema educativo, que no ataja estas situaciones al primer síntoma.

La realidad es pues que este debate no se afronta porque implica hacer autocrítica y asumir errores, algo que ni los centros de enseñanza ni la propia administración educativa tienen ningún interés en llevar a cabo. Para estos actores es mucho más cómodo aislar la cuestión a la actuación individual del docente, demonizarlo, lavarse las manos y continuar como si nada hubiese ocurrido.

¿Cómo es posible entonces que una persona con una patología sexual grave como la que nos ocupa haya podido trabajar en una escuela durante 30 años y abusar de decenas de alumnos? 

Hay dos elementos que, a mi entender, deben considerarse como relevantes en esta situación. El primero de ellos, el hecho de que el centro donde se ha producido sea de titularidad privada. Y es que un colegio privado no deja de ser una empresa, y como todas ellas su principal motivación es la maximización del beneficio. Esto hace que vean a sus alumnos como clientes, y tiendan a ocultar los problemas (abuso sexual, acoso escolar...) porque si se destapa algún escándalo o disfunción, las pérdidas de alumnos serían también pérdidas económicas. En cambio, los centros de titularidad pública pueden afrontar los problemas que les puedan surgir con transparencia, centrándose exclusivamente en la búsqueda del beneficio del alumnado, y el factor económico no está presente para condicionar o incluso impedir la toma de decisiones que favorezcan una solución eficaz.

Por otro lado, está la responsabilidad del Departament d'Ensenyament. Cuando esta situación se ha producido durante un periodo de tiempo tan largo, resulta imposible creer que nadie supiese nada en el colegio. ¿Se plantea el Departament exigir responsabilidades a este centro sostenido con dinero público, y más concretamente a las personas que durante este tiempo han formado parte del equipo directivo, respecto de todo lo sucedido? Dichas responsabilidades pueden depurarse de dos formas: extendiendo la responsabilidad penal a todo aquel conocedor de la situación como encubridor de un delito, y por otro lado sancionando al centro con la pérdida del concierto educativo por negligencia muy grave.

Si adoptásemos estas medidas, estaríamos enviando un mensaje muy potente a todas las escuelas: encubrir u ocultar estos hechos acarrean consecuencias penales y económicas mucho más graves que afrontarlos, y estaríamos empujándolas a actuaciones más rápidas, eficaces y transparentes tan pronto tuviesen conocimiento de que se están produciendo hechos de este tipo en sus aulas.

Pero claro, es mucho más sencillo linchar al ex-profesor, permitir a la sociedad desahogarse de forma controlada durante unos días arengada por los medios de comunicación, y que una vez la cuestión caiga en el olvido con el paso de los días, todo siga igual sin que hayamos tomado medidas contra el centro que ha consentido los hechos, ni abramos el debate sobre la idoneidad de los conciertos educativos, y por supuesto sobre la responsabilidad de la inspección educativa y el Departament d'Ensenyament por su inacción. 

Y lo más grave de todo, habremos perdido una oportunidad más para aumentar la protección de nuestro alumnado.

La crítica absurda a todo lo público

La paranoide crisis económica que parece afectarnos (concepto que se nos repite hasta la saciedad como justificación de las vergonzosas medidas que se suceden) ha propiciado el aumento atroz de las críticas contra el sector público desde múltiples frentes.

Las instituciones estatales, autonómicas y municipales siempre han sido especialmente sensibles a la fiscalización ciudadana.Esto no es negativo por sí mismo, de hecho es altamente positivo que la población exija rigor en la administración de los bienes comunes, y no se limite a acudir de forma cuasi tele-dirigida a ejercer el sufragio sin más que añadir en los siguientes cuatro años.

Ahora bien, este nivel de crítica se ha tornado furibundo hasta un punto absurdo y, lo que es peor, perverso.

Absurdo porque es PENOSO que aquello que es de todos sea criticado ya no sólo por la ciudadanía, sino por quienes constituyen los órganos públicos y voluntariamente se han presentado candidatos a formar parte de ellos. Los que deberían ser sus mayores garantes (los gobernantes) se dedican a menospreciarlos y desmantelarlos, lanzándose a abrazar el libre mercado y las externalizaciones de servicios. A día de hoy, con el bagaje que nos da a la ciudadanía llevar unos cuantos años de crisis a las espaldas, ya podemos afirmar rotundamente que la externalización de servicios es en la mayoría de los casos un estrepitoso fracaso (sirva como muestra el deterioro del servicio, las condiciones laborales de los empleados y la elevada conflictividad laboral en Madrid) un nido de corrupción en dichas concesiones, así como un encarecimiento que acaba repercutiendo en la ciudadanía vía impuestos adicionales. Por ello, son no pocos los municipios que están ya trabajando activamente en la remunicipalización de la recogida de basuras o la gestión del suministro de agua, por poner dos de los ejemplos más claros.

Pongamos un ejemplo para ilustrar aún más. ¿A alguien se la pasa por la cabeza que un candidato a presidir cualquier entidad privada (empresa, club deportivo...) se presentase ante los electores con la intención de debilitar el organismo tanto como pueda, vendiendo sus activos a terceros y reduciendo su presupuesto, su margen de actuación y su capacidad general?

Pues esto es lo que ocurre hoy en día en la política, ni más ni menos. Nos están desmantelando el Estado del Bienestar en nuestras narices sin el menor decoro y no sólo nos parece bien, sino que exigimos que se haga al mayor ritmo posible. Frases como: "Que los políticos se aprieten también el cinturón" circulan alegremente, como si el dinero de los presupuestos lo pusieran ellos de su bolsillo. El problema es que se confunde, con el beneplácito de la derecha que no sólo lo aplaude sino que lo alimenta, el gasto superfluo con el necesario. La reducción de gasto público conlleva en una simetría casi perfecta un aumento de la desigualdad y la pobreza, y los sufren principalmente las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Por supuesto hay medidas que, aunque no supongan un ahorro real, sirven para dar ejemplo y son una muestra de buena predisposición, como la racionalización de coches oficiales (tanto en número como en uso) o la supresión de otros privilegios como palcos, planes de pensiones privados o similar.

Pero no nos dejemos engañar. Cuando el Sr. Rajoy dice:"Por cada puesto de trabajo que se destruye en el sector público, se crea uno en el sector privado" miente. Y es tan sencillo de entender como que si todo el mundo ha de pagar de su bolsillo la atención médica o  la educación de sus hijos/as, como no todo el mundo se lo podrá permitir, caerán el número de pacientes y el de alumnos, y por tanto se necesitarán menos maestros y médicos en el sector privado de los que existen en el sector público. Por tanto, no se crea empleo en el sector privado, y se deja a la ciudadanía sin el acceso a los servicios básicos.

La realidad es que el descenso del gasto público busca poder rebajar los impuestos a las rentas más altas. Pero eso les da igual a las personas pertenecientes a esa clase social, porque ellos sí pueden pagar un médico y un colegio de élite.

Si usted no puede costeárselo, piénselo dos veces antes de volver a criticar al sector público. Por su propio bien.